Surfeando por la web me he encontrado esta noticia que es… cuanto menos, curiosa. Durante 5 años de carrera me han tratado de explicar que el Derecho administrativo –que rige la mayoría de actuaciones de instituciones como los Ayuntamientos– trata de elaborar un procedimiento para la contratación de servicios muy rígido, siempre buscando el “interés general”.
Sin embargo, parece que en Elche, en la web del Ayuntamiento ha aparecido un curso que promociona el uso de estupefacientes, un curso que no estaba “convenido ni contratado”. Entonces… ¿estamos ante un hecho ante el que sólo hay que responder con un expediente? ¿Dónde hemos dejado todas las garantías al ciudadano que ofrece el procedimiento administrativo? ¿La responsabilidad es sólo del que ha incluido la información en la web o debemos también pedir explicaciones al sujeto político de turno?
Noticias como ésta nos demuestra que la teoría que se aprende en las Universidades a veces no son más que una utopía; pero… y tú, ¿qué alegas?
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