Justamente ayer manteníamos un debate intensísimo sobre el sistema judicial y la poltización de los valores. Y hoy me topo con esta noticia, en la que el Senado ha acortado el plazo para elegir el tribunal constitucional. Y me sigo planteando el mismo interrogante, ¿los profesionales de la justicia en ámbitos tan altos, deben ser elegidos a dedo? ¿Por qué interviene tanto el poder ejecutivo si, en teoría, ambos poderes son independientes? Pica, acláranos esto. Tal y como el sistema ¿funciona? Según esta noticia el cambio ha de ser inminente porque se empieza a deteriorar la institución... ¿cuáles son los verdaderos plazos para que esto no suceda? ¿No debería la justicia estar sobre el bien y el mal?
Sinceramente, si tuviera que responder a la pregunta que da pie a la entrada, diría que sí. Sin duda. Y me atrevería a decir más: la función jurisdiccional se muestra cada vez más partitocrática, sobre todo en aquellos órganos -estoy pensando en el Tribunal Supremo y en el propio Constitucional-, en cuya elección intervienen de una u otra forma los agentes políticos. Cada magistrado del Constitucional tiene un mandato de 9 años y los cargos son renovables cada 3.
ResponderEliminarEl gran problema ante el que nos encontramos es, obviamente, la falta de consenso político para su renovación y ello perjudica claramente el normal desarrollo de la jurisdicción. Las preguntas que yo siempre me he formulado, son ¿es adecuado que sean los partidos políticos, de manera más o menos directa, quienes nombren a los magistrados del Alto Tribunal y del Constitucional?, ¿estamos simplemente ante el menos malo de los sistemas?
Es claro que al final, el conjunto del engranaje judicial funciona, y ello incluye a su sistema de selección, pero trae también efectos negativos, como hemos padecido en los últimos años con la renovación del Tribunal Constitucional.